Este martes, el secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, brindó una conferencia de prensa en la que informó los resultados parciales de la aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, más conocida como Ley de Narcotest. Según detalló, de las 1.131 pruebas toxicológicas realizadas a funcionarios de los tres poderes del Estado, apenas cuatro dieron positivo por consumo de drogas ilegales.
“Fueron 1.131 análisis sobre un universo de 1.716 funcionarios que comprenden los tres poderes de la provincia, incluidos los órganos extrapoder como el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Sobre ese total ya resuelto, tenemos un porcentaje del 3,5 cada mil de casos positivos. En total son cuatro casos positivos respecto al consumo de drogas ilegales de cocaína y marihuana, dos en cada caso”, explicó Bazla.
Contraprueba en Buenos Aires
El funcionario recordó que, según lo establece la norma, los involucrados tienen el derecho de solicitar una contraprueba en la Universidad de Buenos Aires, a través de un convenio con la UNSL. Esta evaluación tiene un costo aproximado de $140.000, que corre por cuenta de cada funcionario.
Asimismo, Bazla subrayó que los resultados se encuentran amparados por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, por lo que no se puede revelar la identidad de los implicados.
Notificación y seguimiento
Los cuatro funcionarios que dieron positivo fueron notificados por el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones, organismo encargado de evaluar el nivel de toxicidad, definir estrategias terapéuticas y determinar la continuidad de estas personas en sus cargos públicos.
“Este no es un régimen represivo, sino una ley que busca contener y contemplar la situación personal de cada uno. Lo que no puede suceder es que un funcionario público forme parte de un circuito ilegal como consumidor y, al mismo tiempo, tenga responsabilidades institucionales vinculadas a la lucha contra el narcotráfico o a la sanción de normas”, remarcó el secretario.
Avance de la ley
Bazla informó también que el 70% de los funcionarios públicos ya se sometió a los análisis. Según precisó, 643 pertenecen al Poder Ejecutivo (68%), 445 al Poder Judicial (70%) y 43 al Poder Legislativo (69%). Restan todavía 350 funcionarios por completar el examen.
Este martes, a través de un sorteo realizado por la Caja Social, fueron seleccionados 160 empleados estatales para realizarse la práctica durante la semana.
Próximos pasos
Finalmente, Bazla adelantó que el Gobierno provincial presentó un proyecto en la Legislatura para que, dentro del presupuesto 2026, se contemple la aplicación de narcotests también en las fuerzas de Seguridad y en el sistema de Salud pública, cuyos costos serán afrontados por el Estado.
“En el caso de los funcionarios, cada uno debe hacerse cargo de su propio análisis. En cambio, para sectores estratégicos como Seguridad y Salud, será el Estado quien financie la práctica”, concluyó.
Nota: CM
