El Senado provincial aprobó hoy la derogación de la Ley de Parajes, una medida que había sido sancionada en 2020 durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Esta normativa permitía que ciertos condenados obtuvieran una especie de libertad anticipada para desarrollar proyectos productivos y económicos en el interior de la provincia, sin el adecuado control de la Justicia. La derogación ya tenía media sanción de Diputados, por lo que con la aprobación del Senado se ha convertido en ley.

El proyecto de derogación fue enviado a la Legislatura por el Ejecutivo, argumentando que la Ley de Parajes chocaba con la normativa nacional y desdibujaba la figura del juez de ejecución penal. Además, se consideraba que estaba diseñada para favorecer a personas con comportamientos poco claros, protegidas por el gobierno anterior.

El senador provincial por Pedernera, Adolfo Castro Luna, fue uno de los principales defensores de la derogación, subrayando la inconstitucionalidad de la ley. “Debilita la función esencial del juez de ejecución penal y transfiere competencias exclusivas del Gobierno nacional a funcionarios provinciales, lo que crea un sistema donde el control judicial es mínimo o inexistente”, afirmó Castro Luna.

El legislador también señaló que la Ley de Parajes ignoraba la opinión de las comunidades afectadas, validando los proyectos productivos únicamente con la participación de un morador del paraje, sin considerar a todos los habitantes. Según Castro Luna, esto podía generar tensiones y conflictos en la sociedad, además de poner en peligro la seguridad de los sanluiseños. “La aplicación de esta ley sin un adecuado control judicial abría la puerta a la impunidad y generaba un doble agravio: por un lado, el causado por el delito en sí mismo, y por otro, el que resulta de la frustración y la impotencia ante la falta de sanción, afectando seriamente la percepción de seguridad y justicia en la sociedad”, subrayó el senador.

“La seguridad y la justicia no pueden estar sujetas a experimentos legislativos que socavan el marco jurídico nacional y ponen en riesgo a nuestros ciudadanos. La existencia de un sistema judicial eficaz y confiable es crucial para mantener la paz social y fortalecer la confianza en las instituciones del Estado”, concluyó Castro Luna.

Nota: CM