El Gobierno de San Luis acreditó este lunes 30 de marzo un total de $960.361.100,46 a diez instituciones prestadoras que brindan atención a 471 personas con discapacidad, con el objetivo de sostener su funcionamiento y asegurar la continuidad de servicios esenciales en toda la provincia.
La medida fue autorizada por el gobernador Claudio Poggi mediante el decreto N°2762-MdeS-2026, y se concretó a través de una asistencia financiera excepcional de carácter reintegrable, que será devuelta en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
La gestión fue impulsada por el ministerio de Salud, encabezado por Teresa Nigra, junto a la secretaría de Discapacidad a cargo de Luis Giraudo, quienes mantuvieron encuentros con referentes de centros e instituciones locales para abordar la crítica situación que atraviesa el sector.
La asistencia surge como respuesta a los reclamos de prestadores afectados por la falta de pago de prestaciones correspondientes al programa nacional Incluir Salud, cuya demora impactó directamente en la operatividad de los servicios.
Distribución de los fondos
Los montos fueron distribuidos entre las siguientes instituciones:
- Ailen SRL: $209.346.098,72
- Centro de Día La Esperanza SA: $254.252.308,92
- Colibríes Centro de Día SAS: $12.288.932,93
- Fundación Beatriz Ramseyer: $37.194.887,26
- Qatro SRL: $94.538.565,34
- Newen SA: $183.144.923,40
- López Cynthia Magali: $51.852.498,60
- Mediavilla David Fernando, Alarcón Agustina Lourdes y Alarcón Luciana Sociedad de Hecho: $6.683.156,54
- Fundación Valduvieco – Apoyo Integral a Personas con Discapacidad y su Entorno: $20.448.360,00
- Antu SRL: $90.611.368,74
Una respuesta ante una situación urgente
La problemática se originó por una deuda que el programa Incluir Salud mantiene con instituciones radicadas en San Luis, responsables de brindar servicios como centros de día, espacios terapéuticos, rehabilitación y transporte.
Según información oficial de la subdirección del programa, las prestaciones deben ser financiadas por el Estado nacional en el marco del convenio vigente. Sin embargo, los pagos comenzaron a demorarse desde octubre de 2025, en medio de una reorganización administrativa que incluyó cambios estructurales, nuevas designaciones y un proceso de auditoría.
Este contexto derivó en atrasos sostenidos que afectaron la liquidez de las instituciones y pusieron en riesgo la continuidad de los servicios. Tras una audiencia realizada el 9 de marzo con autoridades nacionales, los prestadores fueron informados de que la demora persistiría por tiempo indefinido.
Frente a este escenario, las instituciones solicitaron al Gobierno provincial un aporte económico reintegrable para afrontar gastos operativos. La Provincia respondió con esta asistencia extraordinaria, cuyos fondos ya fueron efectivamente transferidos.
Nota: CM
