La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles por mayoría el proyecto de ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi que busca implementar un nuevo modelo de gestión para el mantenimiento de los caminos rurales no pavimentados mediante la participación de productores rurales en articulación con el Estado provincial.
La propuesta obtuvo media sanción con 28 votos afirmativos y 12 negativos, y continuará ahora su tratamiento legislativo en la Cámara de Senadores.
Durante el debate parlamentario, la diputada Eugenia Gallardo, miembro informante del proyecto, sostuvo que la iniciativa representa “un hito en la forma de gestionar la red vial provincial” y destacó que permitirá convertir una demanda histórica del sector productivo en una política de Estado con continuidad en el tiempo.
El proyecto tiene como objetivo promover la creación, organización y funcionamiento de consorcios camineros destinados a la conservación, mantenimiento y mejoramiento de las rutas provinciales no pavimentadas que integran la red vial secundaria de San Luis, compuesta por 4.460 kilómetros distribuidos en todo el territorio provincial.
Además de mejorar la transitabilidad de los caminos rurales, la iniciativa apunta a fortalecer la seguridad vial, la conectividad, la competitividad y el desarrollo productivo de las distintas regiones de la provincia.
La diputada Miriam Serra afirmó que la propuesta responde a una necesidad concreta planteada durante años por el interior productivo puntano. En ese sentido, destacó que la red de caminos rurales constituye una infraestructura clave no solo para la actividad agropecuaria, agroindustrial y minera, sino también para garantizar el arraigo y la comunicación de las comunidades rurales.
“Cuando hablamos de caminos rurales, hablamos de desarrollo, producción, trabajo y de mejores condiciones para quienes viven y producen en el interior”, expresó la legisladora.
Según establece el proyecto, los consorcios estarán integrados por personas humanas y jurídicas y funcionarán como entidades sin fines de lucro. También se prevé la creación de un Registro de Consorcios Camineros y la delimitación de circuitos de trabajo que serán definidos por la autoridad de aplicación.
Gallardo explicó que podrán participar productores agropecuarios, usuarios, vecinos e instituciones locales, siempre bajo la supervisión y control de Vialidad Provincial. El esquema busca fortalecer la articulación entre el sector público y privado para mejorar la gestión de los caminos rurales.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación del Fondo para el Mantenimiento de Rutas No Pavimentadas (FONOPA), que financiará exclusivamente las tareas de conservación y mejoramiento de estos caminos. El fondo estará integrado por el total de la recaudación proveniente del DOPRO, el 50% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y otros recursos previstos por la normativa.
De acuerdo con la legisladora, este mecanismo permitirá garantizar recursos genuinos para el mantenimiento vial sin generar nuevos impuestos y establecerá una relación directa entre el cumplimiento tributario y la inversión en infraestructura rural.
El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a realizar un aporte inicial de maquinaria y equipamiento para los consorcios, además de reponer los equipos una vez cumplida su vida útil. Asimismo, contempla beneficios impositivos para los convenios celebrados en el marco del régimen, incluyendo exenciones en el Impuesto de Sellos y en Ingresos Brutos.
Desde el oficialismo remarcaron que el Estado mantendrá un rol activo en el sistema, aportando equipamiento, financiamiento, asistencia técnica, supervisión y control de los trabajos realizados.
Según sus impulsores, la implementación del régimen permitirá reducir significativamente los períodos de intransitabilidad de los caminos rurales, disminuir costos logísticos y de transporte, mejorar la competitividad del sector productivo y fortalecer la conectividad de las comunidades del interior provincial.
Al cierre del debate, los legisladores que respaldaron la iniciativa coincidieron en señalar que se trata de una herramienta estratégica para mejorar la infraestructura rural y acompañar el crecimiento productivo de San Luis, mediante una gestión compartida entre el Estado y los actores locales.
Nota: CM
