Este martes, la Cámara de Senadores de la provincia de San Luis convirtió en ley el proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi para prorrogar la Ley de Emergencia Económica por dos años y establecer formalmente un fondo de reserva salarial y social, destinado a garantizar el pago de salarios y beneficios sociales en caso de contingencias.
La iniciativa, que ya había sido implementada por decreto, ahora adquiere rango legal y forma parte de una política estructural orientada a cuidar el empleo público, asegurar los servicios esenciales y preservar el equilibrio fiscal, en un contexto económico adverso marcado por la fuerte caída de los ingresos provenientes de Nación.
Según detallaron desde el Ejecutivo, San Luis enfrenta este año una de las mayores bajas en transferencias automáticas y coparticipación federal de la última década, recursos que representan más del 75% del presupuesto mensual de la provincia. Ante este panorama, la ley crea un fondo de Reserva Salarial y Social equivalente a dos nóminas salariales completas del sector público y dos liquidaciones de planes sociales, para cubrir situaciones temporales de iliquidez sin afectar el normal funcionamiento del Estado.
Durante el debate legislativo, el senador oficialista Sergio Guardia defendió la iniciativa:
“No podemos olvidar que San Luis fue históricamente reconocida por su equilibrio presupuestario y superávit fiscal constante, resultado de una administración ordenada y eficiente. Sin embargo, esa tradición se perdió entre 2017 y 2023, cuando se desmantelaron las políticas de previsión, se dispararon los gastos corrientes y se consumieron los fondos de reserva”.
La nueva ley también mantiene congelada la planta de personal del Estado y el ingreso al Plan de Inclusión Social, con fecha de corte al 30 de noviembre de 2023, medidas que buscan controlar el gasto público y recuperar la sostenibilidad fiscal.
Guardia destacó que la administración de Poggi logró, en pocos meses, revertir el escenario crítico heredado en diciembre de 2023, tras la salida de Alberto Rodríguez Saá, cuya gestión dejó déficit estructural, deuda y sin fondos de reserva.
“Hoy, este proyecto busca retomar esa senda de previsibilidad y solvencia, y garantizar lo más importante: el salario de los trabajadores, la asistencia social a los más vulnerables y la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
Finalmente, el legislador remarcó:
“No estamos pidiendo poderes excepcionales ni facultades discrecionales. Estamos proponiendo una herramienta legal, razonable y necesaria, que prioriza el orden fiscal y protege los derechos esenciales”.
Con esta nueva herramienta legal, el Gobierno provincial refuerza su compromiso con una gestión austera, responsable y centrada en la protección de los sectores más vulnerables.
Nota: CM
