Este viernes se llevó a cabo la cuarta jornada de análisis toxicológicos a funcionarios públicos en San Luis, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi como parte de la implementación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia , que promueve una gestión pública libre del consumo de sustancias ilegales.
Hasta el momento, 360 funcionarios de los tres poderes del Estado ya se sometieron a estos controles en los laboratorios de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Los procedimientos se realizaron en cuatro fechas: la primera con 60 funcionarios, la segunda con 180, la tercera con otros 60, y finalmente este viernes, con una nueva tanda de 60 personas.
Los exámenes se realizan bajo estrictos protocolos de trazabilidad y confidencialidad, garantizando resultados precisos y confiables. Las muestras son tomadas y analizadas por profesionales de la UNSL, en coordinación con el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) , que se encarga de definir el diagnóstico y la estrategia terapéutica en caso de resultados positivos.
El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla , destacó que la ejecución de la ley avanza con total normalidad y resaltó el profesionalismo de la universidad pública en el proceso: “Nos brinda garantías de trazabilidad y transparencia en la realización de los análisis”.
Bazla también explicó que, aunque la Caja Social realiza sorteos para definir el orden de las convocatorias, todos los funcionarios del Estado están obligados a someterse al análisis . “El sorteo solo tiene como propósito determinar el momento en que debemos acudir, pero el cumplimiento es obligatorio”, enfatizó.
La medida, que busca garantizar que los cargos públicos sean desempeñados sin la influencia de sustancias prohibidas, ha despertado interés a nivel nacional. “Es sorprendente, pero seguimos recibiendo consultas de diferentes lugares del país que ya están proyectando imitar el ejemplo de San Luis. De hecho, durante el Foro Nacional Anticorrupción atendí a seis fiscales de otras provincias que nos consultaban sobre los detalles de la ejecución de esta ley”, agregó Bazla.
La implementación de esta política pública refuerza el compromiso del Gobierno provincial con la transparencia, la ética y la lucha contra el narcotráfico, y posiciona a San Luis como pionera en la adopción de concretas para garantizar la idoneidad de quienes ocupan cargos públicos.
Nota: CM
