Los gobiernos de San Luis y Mendoza avanzan en la integración de sus políticas de seguridad con la creación de una zona unificada de control policial en el límite interprovincial. El acuerdo fue formalizado mediante la firma de un convenio específico de colaboración interjurisdiccional entre los gobernadores Claudio Poggi y Alfredo Cornejo.
La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias, mediante la integración logística y operativa, el uso compartido de recursos y la coordinación de procedimientos en la zona limítrofe.
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la creación de un centro de monitoreo integral que permitirá gestionar alertas de búsqueda de dominios vehiculares y reconocimiento de rostros. Este espacio estará ubicado en la Isla de Servicios de San Luis, sobre la Ruta Nacional Nº7, en el corredor de Desaguadero, un punto estratégico por el alto flujo de tránsito que conecta distintas regiones del país.
Durante el acto, Poggi destacó que se trata de “un paso muy importante” en la articulación de políticas de seguridad y remarcó la necesidad de coordinación entre provincias para evitar que la falta de integración favorezca el accionar delictivo. Además, señaló que esta medida da continuidad al convenio firmado en mayo de 2024 entre San Luis, Mendoza y San Juan.
El mandatario puntano explicó que la zona de control se extenderá seis kilómetros hacia cada provincia y que allí funcionará el centro de monitoreo conjunto. “Vamos a poner en valor este edificio y convertirlo en un centro integrado para ambas fuerzas policiales, adaptado a un control unificado”, indicó, estimando que podría estar operativo en un plazo de cinco a seis meses.
Por su parte, Cornejo subrayó la importancia de la integración de bases de datos y destacó el valor estratégico del corredor. “Por esta ruta pasa muchísima gente de distintos puntos del país. Necesitábamos mejorar los controles sin generar obstáculos innecesarios”, afirmó. También adelantó que el centro podría estar en funcionamiento entre 120 y 160 días y contará con tecnología para identificación de patentes y rostros.
La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, remarcó que el objetivo es institucionalizar el trabajo conjunto que ya vienen realizando ambas policías y optimizar los controles, priorizando intervenciones específicas a partir del análisis de alertas, sin afectar la fluidez del tránsito.
El convenio contempla la intervención conjunta de personal policial, la prórroga recíproca de jurisdicción y competencia, y la utilización compartida de infraestructura y tecnología, lo que permitirá una respuesta más eficiente ante situaciones delictivas en la zona.
Infraestructura del proyecto
En cuanto a la obra, la directora de Infraestructura en Seguridad, Leila Vega, detalló que el proyecto incluye la puesta en valor de un complejo edilicio compuesto por dos bloques conectados por una cubierta metálica, que generará un espacio semicubierto con capacidad para 24 vehículos.
El Bloque A contará con dos niveles: en planta baja funcionarán oficinas administrativas, guardia, sanitarios, office, cuatro celdas y sala de máquinas; mientras que en planta alta habrá seis oficinas y un sanitario para tareas operativas. En tanto, el Bloque B, de una sola planta, estará destinado al descanso del personal policial y servicios complementarios.
Con esta iniciativa, ambas provincias buscan dar un salto en la modernización de los sistemas de control y prevención del delito, consolidando una estrategia regional de seguridad más coordinada y eficiente.
Nota: CM
