El próximo 5 de marzo se llevará a cabo el sorteo que determinará los primeros 100 funcionarios públicos que deberán someterse al narcotest obligatorio, una medida que busca garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública. El jueves 6 de marzo los funcionarios sorteados serán notificados, y el viernes 7 se procederá a la toma de muestras, según confirmó Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión.

“Esto tiende a garantizar que ningún funcionario público, de ninguno de los poderes, esté de los dos lados del mostrador”, explicó Bazla en una conferencia de prensa. “Esta iniciativa se enmarca en la lucha contra el narcotráfico y combate a la inseguridad, un eje central del gobierno”.

El narcotest forma parte de la implementación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el Ejercicio de la Función Pública, más conocida como Ley de Narcotest, la cual obliga a todos los funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al Tribunal de Cuentas Provincial y al Defensor del Pueblo, a someterse a controles toxicológicos periódicos.

Primeros pasos del proceso

Según detalló Bazla, el primer sorteo se realizará el 5 de marzo, en colaboración con la Caja Social y Financiera de la Provincia. Los 100 funcionarios seleccionados serán notificados el día 6, y al día siguiente se les tomarán las muestras de orina. Este proceso estará a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), un organismo independiente del gobierno provincial. El análisis toxicológico busca detectar el consumo de drogas ilegales como cocaína, éxtasis, anfetaminas, heroína, morfina y marihuana.

El secretario explicó que esta medida abarca a todos los funcionarios, desde el gobernador y su equipo hasta los miembros del Poder Judicial, la Legislatura y el ministerio Público Fiscal, asegurando que el control sea exhaustivo. “Vamos a comenzar con los funcionarios públicos, que serán sometidos a un sorteo en el cual cada uno está identificado por un número que solo la autoridad de aplicación conoce”, añadió Bazla.

Costos y consecuencias

El costo de los análisis será asumido por los propios funcionarios, según explicó el secretario. “No será el pueblo de San Luis quien solvente esta garantía de idoneidad”. Sin embargo, en el caso de policías, agentes penitenciarios y personal de salud pública, el costo será cubierto por el gobierno provincial.

En caso de que un funcionario se niegue a realizar el examen, se considerará una falta grave. En el ámbito del Poder Ejecutivo, esto podría derivar en el cese de funciones, mientras que en el Poder Judicial y Legislativo, las autoridades competentes podrían iniciar procesos disciplinarios o de juicio político.

Los funcionarios que den positivo en el análisis podrán solicitar una contra prueba, utilizando una muestra adicional previamente guardada. Si se confirma el consumo de drogas ilegales, el caso será derivado al Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA) para evaluar el grado de adicción y determinar el tratamiento necesario.

La Ley de Narcotest representa un paso clave en los esfuerzos del gobierno provincial para combatir el narcotráfico y asegurar que quienes ocupan cargos públicos estén libres de cualquier vínculo con actividades ilegales.

Nota: CM