La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia recordó este jueves que toda intervención sobre áreas con bosque nativo requiere autorización previa del Gobierno. La advertencia busca reforzar el cumplimiento de la ley que protege las especies autóctonas y establece sanciones para quienes realicen desmontes sin la debida evaluación técnica.
Durante una conferencia de prensa, el director de Gestión Ambiental, David Nicola, explicó que “de acuerdo a la ley, los bosques están categorizados siguiendo el mismo patrón que un semáforo, en tres categorías: roja, amarilla y verde. Cualquier intervención en cualquiera de esas categorías necesita ser gestionada por un profesional técnico que pueda adecuar su gestión a lo que es la restricción o el uso de cada uno de esos bosques”.
El funcionario señaló que la fiscalización alcanza a todo tipo de intervenciones, ya sea por proyectos de urbanización y loteos, compras de terrenos por parte de particulares o actividades agrícolas y ganaderas.
Asimismo, Nicola aclaró que las categorías roja y amarilla no permiten el uso del suelo con fines de urbanización. “Sólo la urbanización se puede dar en zonas donde está categorizado el bosque verde. Eso tampoco implica que, por más que esté verde, pueda hacer uso del desmonte. Lo que dice la ley es que se puede utilizar un 75% del terreno dejando un 25% como zona de conservación, pero siempre con habilitación. No se puede intervenir sin el certificado de aptitud ambiental de la Secretaría”, enfatizó.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, el organismo ambiental realiza monitoreos mediante dos sistemas de alerta: uno a través del formulario disponible en su sitio web —donde la ciudadanía puede solicitar información o realizar denuncias—, y otro mediante imágenes satelitales provistas por Nación, que detectan posibles disminuciones de áreas verdes.
Ante una alerta, se inicia un proceso de investigación y constatación, que puede derivar en sanciones tales como multas, clausuras o la restitución del bosque afectado.
Actualmente, informó Nicola, “hay unos 40 procesos sancionatorios en distintos estados, algunos ya resueltos y otros en trámite”. Como ejemplo, mencionó un caso registrado en un campo de Nueva Galia, donde desaparecieron 10 hectáreas de bosque nativo. “Acudimos al lugar, hicimos las investigaciones, constatamos el hecho y a partir de ahí se hace el cálculo: primero de qué especies son, la cantidad y la sanción correspondiente”, explicó.
Nota: CM
