“El mandato del Ejecutivo provincial se encuentra vigente y la medida avalada por la jueza Bona, tiene una motivación más política que jurídica”, enfatizó Iván Cali Velasco, jefe del Programa Asesoría Legal General del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto en referencia a la decisión que se dio a conocer este lunes.

Iván Cali Velasco, jefe del Programa Asesoría Legal General del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, describió los alcances de la medida que la titular del Juzgado Laboral Nº 2 de la Primera Circunscripción, María Eugenia Bona tomó a favor de Claudio Poggi quien solicitó la suspensión de la totalidad de las licitaciones de la obra pública provincial en el Poder Ejecutivo, en los organismos autárquicos y descentralizados, como así también en agencias y sociedades en que el Estado sea parte.

“Traducido al accionar del Gobierno, afecta de forma directa e indirecta”, señaló el funcionario y agregó: “De forma directa porque, como sabemos, la obra pública de San Luis es muy característica por ser un motor; un impulsor del trabajo de los puntanos. Entonces, paralizar la obra pública repercute de forma directa sobre la generación y la mantención de fuentes de empleo. De forma indirecta también afecta en cuanto a la circulación del dinero a partir de las fuentes laborales”.

El asesor legal dijo: ”Nosotros sabemos que el Gobierno ha estado impulsando medidas que tienden a reactivar el comercio y la decisión de la jueza, pedido de Poggi, tiende a aminorar ese efecto beneficioso para la sociedad”.

“La medida avalada por la jueza Bona, a pedido de Poggi, afecta de forma concreta la gobernabilidad del Estado provincial cuyo mandato se encuentra vigente. De este modo, podemos concluir en que la medida adoptada tiene una motivación más política que jurídica, toda vez que busca maniatar el normal desenvolvimiento de la actividad estatal en beneficio de las y los puntanos“.

Finalmente, Iván Cali Velasco hizo énfasis en que “la medida implica también vulnerar los legítimos intereses que tienen las empresas contratantes de la obra pública, que pierden la previsibilidad que tenían al momento de suscribir los contratos de obra pública y afecta de forma enorme a la economía, al sustento del hogar y al comercio en la provincia de San Luis”.