La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría, con 27 votos a favor y 11 en contra, el proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi. El RIPEE establece beneficios tributarios, subsidios al empleo, herramientas de financiamiento y mecanismos para promover inversiones en toda la provincia.
La Cámara de Diputados de San Luis dio este miércoles sanción definitiva al proyecto de ley que crea el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), una iniciativa enviada por el gobernador Claudio Poggi que busca incentivar la inversión privada y la generación de nuevos puestos de trabajo.
La propuesta había obtenido media sanción en el Senado provincial el pasado 28 de julio y, con la aprobación de Diputados por 27 votos a favor y 11 en contra, completó su tratamiento legislativo.
El nuevo régimen establece un marco integral para acompañar proyectos productivos y de servicios mediante herramientas fiscales, laborales, financieras y de gestión de inmuebles fiscales.
La iniciativa surgió del trabajo desarrollado en las mesas sectoriales, espacios de articulación entre el Estado y los distintos sectores productivos en los que se identificaron necesidades y condiciones para facilitar la inversión privada en San Luis.
Durante el debate, la diputada Eugenia Gallardo, miembro informante del proyecto, sostuvo que una nueva inversión “activa un círculo virtuoso que impulsa el consumo, promueve el desarrollo de proveedores locales y fundamentalmente crea oportunidades de trabajo”.
Beneficios para nuevas inversiones
El RIPEE alcanza a una amplia variedad de actividades, entre ellas las agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios.
También incorpora al sector comercial, que no había sido contemplado en anteriores regímenes de promoción. Podrán acceder a los beneficios personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley.
La normativa se estructura sobre cuatro ejes principales: beneficios tributarios, subsidios al empleo, gestión y disposición de inmuebles fiscales y financiamiento de proyectos privados.
En materia tributaria, contempla exenciones de hasta 15 años en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas para nuevas inversiones.
Además, establece créditos fiscales para empresas que inviertan, la exención de Ingresos Brutos para la actividad industrial y distintas herramientas de alivio y regularización fiscal.
Gallardo explicó que el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones está destinado tanto a quienes comiencen un negocio como a quienes busquen ampliar o consolidar una actividad existente.
Incentivos para generar empleo formal
Otro de los ejes centrales de la ley es un subsidio destinado a empleadores que incorporen a sus plantas a personas comprendidas en el Plan de Inclusión.
El aporte será equivalente al beneficio social que percibía la persona al momento de su contratación y tendrá carácter decreciente durante un período de dos años. La incorporación deberá representar un aumento neto de la planta laboral y no podrá utilizarse para reemplazar trabajadores existentes.
El diputado Nicolás González Ferro definió la medida como un “mecanismo de inserción laboral innovador”, mediante el cual el Estado provincial acompaña al sector privado en el paso de los programas sociales hacia un empleo registrado y sostenible.
Inmuebles fiscales y financiamiento
La ley también faculta al Poder Ejecutivo a destinar bienes inmuebles del dominio privado del Estado a proyectos de inversión y actividades económicas que generen empleo.
Los recursos obtenidos deberán destinarse a infraestructura productiva o social, fondos de garantía y programas de financiamiento para actividades económicas privadas. La normativa establece que estos fondos no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes del Estado.
En materia financiera, el régimen contempla líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia, subsidios para capacitación de personal y herramientas para facilitar la reconversión de empresas.
También habilita la creación o integración de fondos de garantía, fideicomisos, fondos de respaldo crediticio y otros instrumentos financieros públicos, privados o mixtos.
Mesas sectoriales y previsibilidad para los inversores
Durante el debate, González Ferro destacó además la institucionalización de las mesas sectoriales, al considerar que estos espacios permiten incorporar la mirada de quienes producen y trabajan en la provincia.
Gallardo, por su parte, señaló que la herramienta garantiza el diálogo público-privado y establece las mesas como espacios permanentes de planificación estratégica junto a cámaras empresarias, universidades y el sector científico y tecnológico.
El RIPEE también busca brindar previsibilidad y seguridad jurídica mediante la unificación de normativas que anteriormente se encontraban dispersas. A su vez, garantiza la continuidad de beneficios otorgados con anterioridad y el respeto de los derechos adquiridos.
La normativa incorpora medidas de simplificación y modernización de la administración pública para agilizar la puesta en marcha de inversiones y declara la promoción del desarrollo económico y del empleo como política de Estado de la provincia.
Con su sanción definitiva, San Luis cuenta ahora con un régimen integral que concentra herramientas tributarias, laborales, financieras y productivas destinadas a promover la llegada, expansión y consolidación de inversiones y fortalecer la generación de empleo privado en todo el territorio provincial.
Nota: CM
