El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción Judicial ratificó las prisiones preventivas de Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo, imputados por asociación ilícita y defraudación en la administración pública. La resolución respalda la decisión dictada por el Juzgado de Garantía N° 2 en la audiencia del 26 de noviembre, que ordenó su detención en el Servicio Penitenciario Provincial.
Argumentos de la defensa
Durante la audiencia de este lunes, el abogado defensor Federico Farías solicitó que la pareja transite el proceso judicial bajo arresto domiciliario. Argumentó que ambos presentan problemas severos de adicciones y requieren tratamiento especializado. También señaló que los delitos imputados son excarcelables, calificando la prisión preventiva como “desproporcional e improcedente”. Añadió que sus defendidos carecen de recursos económicos para fugarse y no poseen antecedentes penales.
Postura de la Fiscalía
El fiscal de Instrucción Esteban Roche solicitó la confirmación de la medida de coerción dictada por la jueza de Garantía Agustina Dopazo Samper. Argumentó que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial, especialmente considerando que, tras ser imputados, los acusados continuaron con las actividades ilícitas. Roche también destacó la implicación de una tercera persona en los delitos, lo que fundamenta la acusación por asociación ilícita.
El representante de la Fiscalía de Estado, Santiago Salomón Calderón, reforzó los argumentos del fiscal al señalar que la pareja desobedeció las restricciones judiciales y continuó delinquiendo incluso tras ser imputada.
Decisión del tribunal
Tras analizar los argumentos, el tribunal presidido por Jorge Sabaini Zapata, e integrado por los jueces Yanina Del Viso y Marcelo Bustamante Marone, rechazó el pedido de la defensa y confirmó la prisión preventiva. El juez Sabaini Zapata señaló que la continuidad de los actos delictivos por parte de los imputados representa un claro riesgo procesal.
Los hechos
La causa comenzó con una denuncia de un médico ante la Unidad de Abordaje Fiscal, quien reportó que su firma y sello eran utilizados para emitir certificados médicos falsos, ofrecidos en redes sociales a cambio de dinero. Una investigación del Departamento de Delitos Complejos, con colaboración de Meta, permitió identificar a los responsables.
En junio, un allanamiento en el domicilio de los acusados resultó en el secuestro de formularios oficiales, sellos apócrifos y dispositivos electrónicos que contenían pruebas de la actividad ilegal. A pesar de las medidas iniciales, la Fiscalía detectó que los imputados continuaron emitiendo certificados falsos, lo que llevó a un nuevo allanamiento y la posterior prisión preventiva dictada en noviembre.
Implicaciones
Además de Tonelli y Toledo, fue imputada Graciela Apaza Señani, quien enfrenta cargos similares. Este caso refleja la importancia de las medidas cautelares para garantizar el desarrollo adecuado de las investigaciones judiciales y proteger la integridad del proceso penal.
Fuente: Periódico Judicial
Redacción: CM
