San Luis analiza un proyecto para que las personas endeudadas puedan renegociar sus deudas

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La iniciativa propone incorporar un procedimiento judicial de insolvencia para consumidores que no pueden afrontar sus obligaciones. Contemplaría acuerdos con bancos, financieras y comercios, aunque todavía está en una etapa preliminar.

La provincia de San Luis analiza una propuesta legislativa que busca incorporar un mecanismo de insolvencia para personas que atraviesan dificultades económicas y no pueden cumplir con el conjunto de sus obligaciones financieras.

La iniciativa es impulsada por el legislador Víctor Moriñigo y surgió a partir de inquietudes planteadas por integrantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

El proyecto propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial provincial para establecer un procedimiento que permita a una persona declarar judicialmente su situación de insolvencia y negociar nuevas condiciones de pago con sus acreedores.

Entre las alternativas contempladas aparecen la posibilidad de reducir determinados montos, solicitar quitas de intereses, ampliar los plazos de financiación y establecer cuotas acordes con los ingresos reales del deudor.

Para acceder al mecanismo, la persona debería presentarse voluntariamente ante la Justicia, acreditar sus ingresos, declarar sus bienes e informar el total de las obligaciones pendientes.

El procedimiento contemplaría la intervención de un juez y de un síndico, quien tendría a su cargo analizar la situación económica y las posibilidades reales de cumplimiento.

La herramienta podría alcanzar deudas de consumo con bancos, entidades financieras, tarjetas de crédito y comercios, siempre que puedan documentarse y acreditarse.

La propuesta no significa que el Estado provincial vaya a pagar las deudas particulares.

El legislador explicó que la iniciativa sería complementaria de la Ley de Desendeudamiento Familiar, aprobada previamente, pero estaría destinada a situaciones más complejas, en las que las negociaciones habituales ya no resultan suficientes.

Por ahora, el proyecto busca reunir consensos con profesionales del derecho y otros sectores antes de avanzar formalmente en la Legislatura.