El juez Julio Fernando De Viana, integrante del Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis, rechazó el pedido de la Defensoría en lo Penal N° 1 para modificar las condiciones de detención de Eduardo Luis Bonilla, de 72 años, quien continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva hasta la realización del juicio, previsto para el 10 y 11 de mayo de 2027.
La solicitud de la defensa buscaba que el imputado cumpliera la medida cautelar bajo la modalidad de prisión domiciliaria en un predio perteneciente a una fundación ubicada en la zona sur de la ciudad de San Luis, vinculada a una iglesia evangélica. El defensor oficial Esteban Sala argumentó que Bonilla supera los 70 años de edad y que aún resta un largo período para el inicio del debate oral. Además, recordó que la resolución que rechazó el acuerdo de juicio abreviado fue apelada y todavía no se encuentra firme.
Como parte de la propuesta, la defensa planteó que Bonilla permaneciera sin posibilidad de abandonar el inmueble, salvo por cuestiones de salud debidamente justificadas. También solicitó que se le prohibiera el uso de dispositivos electrónicos, el acceso a redes sociales y aplicaciones para compartir archivos, además de controles sorpresivos por parte del Instituto de Reinserción Social.
Durante la audiencia de este viernes declaró una enfermera que trabaja en la fundación donde se pretendía alojar al acusado. La mujer explicó que conoció a Bonilla mientras cuidaba a su esposa y que luego retomó contacto con él cuando brindaba charlas en el pabellón de evangelistas del Servicio Penitenciario. También señaló que el inmueble cuenta con espacio suficiente para mantenerlo aislado en la planta alta, aunque reconoció que al lugar concurren habitualmente niños, niñas y adolescentes.
Si bien el fiscal de Juicio N° 2, Fernando Rodríguez, no formuló objeciones al pedido, el defensor de Niñez N° 2, Nahuel Lede, se opuso al cambio de modalidad de detención. Entre sus argumentos sostuvo que el funcionamiento de una fundación y una iglesia frecuentadas por menores de edad resulta incompatible con el delito que se le imputa a Bonilla. Además, advirtió sobre la existencia de riesgo procesal de fuga.
Al fundamentar su decisión, el juez De Viana sostuvo que en este caso debe prevalecer el interés superior del niño y consideró que el lugar propuesto no reúne las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, debido al contacto permanente con menores de edad.
El magistrado también señaló que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Aunque valoró la predisposición de la mujer que ofreció alojamiento al imputado, entendió que esa colaboración no alcanza para neutralizar los riesgos procesales. Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de acceso a dispositivos electrónicos, los cuales podrían utilizarse para alterar o eliminar evidencia, y coincidió en que el acusado no posee un arraigo suficiente que descarte el peligro de fuga.
Bonilla está acusado de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, con agravantes por involucrar víctimas menores de 13 años. Fue detenido el 26 de agosto de 2025 tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio 123 Viviendas de San Luis, en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”.
Durante ese procedimiento se secuestraron distintos dispositivos electrónicos en los que inicialmente se detectó la descarga y distribución de más de 2.500 archivos digitales, de los cuales 370 fueron clasificados como de gravedad severa.
Posteriormente, un informe pericial definitivo elaborado por el Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial identificó alrededor de 164.000 imágenes y videos de abuso y explotación sexual infantil almacenados principalmente en una notebook, un disco rígido y un pendrive. Según la investigación, también se encontraron evidencias de búsquedas específicas, uso de aplicaciones de intercambio de archivos y herramientas de anonimato.
Periódico Judicial
