La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, presentó este lunes a la nueva Comisión de Intervención de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Luis y confirmó la radicación de una denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Durante una conferencia de prensa, la funcionaria estuvo acompañada por el director de Prevención y Gestión de la Emergencia, Gustavo Albornoz, y la interventora designada, Roxana Díaz, quienes detallaron el estado administrativo de la entidad y las acciones en curso.
Albornoz abrió el encuentro remarcando la importancia de contar con una federación organizada y destacó la necesidad de avanzar en la creación de una escuela de capacitación para bomberos voluntarios en la provincia.
Por su parte, Díaz describió un escenario crítico al asumir la intervención: infraestructura abandonada, servicios básicos interrumpidos y mobiliario deteriorado. Además, señaló irregularidades en el parque automotor, entre ellas la desaparición de un vehículo dado de baja como destrucción total, sin registro físico ni documentación respaldatoria.
En relación a los fondos, la interventora indicó que, tras consultas con el Ministerio de Seguridad de la Nación, se constató que la Federación recibió entre 2020 y 2023 un total de $87.304.425,61 en subsidios destinados a funcionamiento y capacitación, los cuales no fueron rendidos.
Del análisis de la documentación presentada, solo se pudieron validar comprobantes por $27.196.216,96. Otros $2.705.970,07 corresponden a gastos sin validez fiscal, mientras que no existe respaldo documental para $22.914.220,01.
Díaz explicó además que, debido a cambios en los sistemas de rendición, actualmente Nación no acepta presentaciones en formato papel, por lo que la totalidad de los fondos deberá ser reintegrada.
En el plano judicial, el abogado Emiliano Vera informó que se presentó una denuncia penal ante la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial contra Damián Gómez y Nelson Gómez, inicialmente por el delito de administración fraudulenta. No se descarta que la calificación pueda ampliarse a medida que avance la investigación.
Vera señaló que no existen antecedentes de denuncias de este tipo contra autoridades de la Federación en la provincia y adelantó que en los próximos días se realizarán citaciones para ratificar la presentación y aportar pruebas.
Por su parte, Sosa explicó que la Comisión de Intervención fue ampliada por resolución de Personería Jurídica e incorporó, además de Díaz, a Miguel Ángel Díaz y al propio Vera, con el objetivo de fortalecer la representación legal y administrativa en el proceso en curso.
La ministra subrayó la urgencia de normalizar la institución, ya que la situación actual impide acceder a nuevos subsidios nacionales que, a valores actuales, rondarían los $400 millones. “Con esos recursos se podría capacitar a bomberos en el exterior y adquirir equipamiento y vehículos para mejorar la operatividad”, expresó.
Finalmente, adelantó que la Comisión solicitará una audiencia con el Ministerio de Seguridad de la Nación para definir los pasos de regularización, que incluirán la devolución de los fondos. “Los fondos no son de las personas; son del pueblo que aporta y deben destinarse a la capacitación”, concluyó.
Nota: CM
