El Gobierno de San Luis reveló este miércoles una millonaria deuda que mantienen 33 obras sociales con el sistema de salud provincial, que asciende a $4.668 millones. La ministra de Salud, Teresa Nigra, informó en conferencia de prensa que, tras múltiples intentos de comunicación sin respuesta y ante el crecimiento sostenido del pasivo, se abrirá la vía judicial para el cobro de los montos adeudados.
“Con esta deuda podríamos financiar dos hospitales de referencia: el que se construirá en Unión y el ‘René Favaloro’ en Villa Mercedes”, ejemplificó Nigra al dimensionar el impacto económico que la falta de pagos representa para la Provincia.
Durante el primer semestre del año, el Ministerio de Salud realizó un análisis presupuestario y de aplicación de la nueva Ley de Recupero de Gastos en Salud. El resultado evidenció una importante deuda vencida: $510 millones solo en marzo y abril bajo el nuevo régimen, y $1.629 millones heredados del sistema anterior. Además, al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” se le deben $1.754 millones. A esto se suma una histórica deuda de IOMA con DOSEP por $763 millones.
En total, el pasivo supera los $4.668 millones, afectando directamente al sistema público de salud. “Todo ese dinero destinado a cubrir prestaciones de afiliados con obra social está siendo restado a quienes no tienen cobertura, trabajo ni posibilidad de acceder al sistema privado”, remarcó la ministra.
Entre las obras sociales con mayores deudas figuran:
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PAMI ($796 millones)
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OSECAC ($707 millones)
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Obra Social de los Empleados Rurales (Osprera) ($417 millones)
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Unión Personal Civil de la Nación ($393 millones)
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OSFATUN ($283 millones)
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Cobertura de Salud (prepaga) ($216 millones)
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Obra Social de los Empleados de Transporte ($213 millones)
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Obra Social del Personal de la Construcción (UOCRA) ($114 millones)
Según explicó Nigra, muchas de estas entidades no responden a los reclamos: “Viajamos incluso a Buenos Aires para resolver la situación con PAMI. Pagaron una parte, pero luego dejaron de atender nuestras llamadas. Es por eso que decidimos iniciar el proceso legal: las obras sociales comenzarán a recibir cartas documento como primer paso hacia el cobro judicial”.
En relación con IOMA, la ministra explicó que el conflicto data de 2017. DOSEP —la obra social provincial— mantiene un convenio de reciprocidad con IOMA por 517 afiliados residentes en San Luis. “Los gastos mensuales son de $72 millones, pero IOMA solo aporta $15.700. Nunca pagaron la cápita ni por prestación como se había acordado”, detalló. DOSEP ya envió las notificaciones formales, y si no hay respuesta, podría suspender el servicio a los afiliados de IOMA.
Nigra aclaró que esto no significa un corte inmediato de servicios, pero sí exige una solución urgente. “Las obras sociales retienen los aportes a los afiliados y no los transfieren al Estado, que termina cubriendo las prestaciones. No podemos seguir financiando un sistema que no responde”, advirtió.
Además, recordó que el 40% de lo recaudado por el recupero de gastos se destina a salarios del personal de salud. Si no se cobran las deudas, los trabajadores del sector también se ven perjudicados.
Finalmente, la ministra cuestionó las propuestas de pago en cuotas: “Eso solo incrementa la deuda. Estas prestaciones deberían estar contempladas en el flujo de fondos de las obras sociales, porque de lo contrario alguien más las tiene que asumir, y ese alguien está siendo el Estado provincial”.
La decisión del Ejecutivo marca un punto de inflexión en la relación con las obras sociales, con un firme mensaje: la salud pública no puede seguir sosteniendo deudas ajenas.
Listado completo de las obras sociales morosas:
