Este miércoles al mediodía, la Fiscalía N° 1 presentó ante el Juzgado de Garantía N° 2 la formulación de cargos contra William Alexander Lagos, señalado como autor de un violento robo ocurrido el pasado 15 de noviembre en perjuicio de Daniel Sosa, trabajador de la empresa de energía EDESAL.

Según expuso el fiscal Francisco Assat durante la audiencia, el hecho se registró alrededor de las 12:00, cuando Sosa y un compañero se encontraban verificando un medidor en el barrio 30 Viviendas Sur. En ese momento, Lagos habría ingresado al vehículo de la empresa y sustraído la billetera de uno de los empleados. Al ser descubierto, escapó hacia el oeste, pero fue alcanzado a pocos metros por los trabajadores.

La situación derivó en un forcejeo, durante el cual —de acuerdo con la teoría del caso— el imputado extrajo un cuchillo, mientras que una persona aún no identificada arrojó una piedra para evitar su aprehensión. El proyectil impactó en la cabeza de Sosa, provocándole un hundimiento de cráneo que demandó una cirugía de urgencia en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Al día siguiente, la Fiscalía ordenó un allanamiento en el domicilio de Lagos, ubicado en el barrio Néstor Kirchner, donde se secuestraron diversas tarjetas y documentación pertenecientes a las víctimas, además de prendas de vestir que coincidirían con las observadas en el material fílmico aportado a la causa.

A pesar de contar con orden de detención, Lagos permaneció oculto hasta el 2 de diciembre, cuando fue identificado por personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) en calle Mendoza al 1009, en el marco de otra denuncia por el robo de un teléfono celular. El dispositivo fue encontrado entre sus pertenencias al momento de su detención.

Con el conjunto de evidencias reunidas —entre ellas actas policiales, entrevistas, registros de cámaras de seguridad y resultados del allanamiento— la Fiscalía imputó a Lagos como autor del delito de robo calificado por las lesiones graves ocasionadas a la víctima y por el uso de arma, en concurso real con encubrimiento.

El Ministerio Público Fiscal además solicitó la prisión preventiva por 90 días, al considerar acreditados los riesgos procesales: peligro de fuga, antecedentes condenatorios, la expectativa de una pena elevada y su conducta evasiva tras el hecho, así como el riesgo de entorpecimiento debido a que numerosos testigos del barrio manifestaron temor a sufrir represalias.

Tras escuchar a las partes, la jueza Agustina Dopazo dio por formulados los cargos y resolvió otorgar la prisión preventiva, aunque por un plazo de 75 días, en lugar de los 90 solicitados por la Fiscalía.

Nota: CM