En un clima de creciente tensión social y económica, el Honorable Concejo Deliberante de Villa Mercedes, San Luis, ingresará este martes 8 de abril el expediente Nº 22546-0/29, que propone una ordenanza para prohibir actividades informales en el espacio público, como las de cuidacoches, limpiavidrios, lavacoches y artistas callejeros. La iniciativa, impulsada por los bloques Movimiento Unidad Provincial, Cambia San Luis y PRO San Luis, ha generado fuerte controversia y rechazo por parte de organizaciones sociales, trabajadores independientes y sectores de la comunidad.

El proyecto, que será girado a comisiones para su análisis, propone sanciones económicas, intervención policial y judicial, e incluso medidas tan severas como la separación de menores de sus familias en caso de estar involucrados en este tipo de actividades. La fundamentación oficial señala que la medida busca “ordenar el espacio público”, “garantizar el libre tránsito” y “preservar la seguridad vial”. Sin embargo, para muchos, el texto encubre una avanzada punitivista que criminaliza la pobreza y estigmatiza a trabajadores que, ante la falta de oportunidades, encuentran en la calle su única fuente de sustento.

“Proponen eliminar el ingreso económico de familias enteras sin ofrecer una sola alternativa de inclusión o reconversión laboral”, señalaron voces críticas desde colectivos ciudadanos. “No solo van por su trabajo, ahora también amenazan con arrebatarles a sus hijos, bajo la idea de que hacer malabares en un semáforo representa un peligro o un delito. ¿Dónde está el plan social para esa gente? ¿Qué soluciones les brindan?”, cuestionaron.

El proyecto ha sido calificado por sectores opositores como una “violenta amenaza” que blanquea el “odio de clases” y se alinea con las políticas de ajuste impulsadas tanto a nivel provincial como nacional. De los 13 concejales que integran el cuerpo deliberativo, 11 firmaron la iniciativa, en lo que se interpreta como un intento de consolidar una agenda que prioriza la represión sobre la inclusión.

En paralelo al tratamiento legislativo, se espera que diversas organizaciones sociales convoquen a manifestaciones y acciones públicas para expresar su repudio y exigir alternativas reales para quienes viven del trabajo en la vía pública. Para muchos, más que una ordenanza, el proyecto parece un ultimátum que condena a la marginalidad a cientos de vecinos de la ciudad.

Nota: CM