Se trata de un plan integral con protección de la información y fue analizado este viernes durante un encuentro del que participaron el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena; la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Carolina Monte Riso; el procurador general de la Provincia, Luis Martínez, y la diputada provincial Fernanda Spinuzza, impulsora del proyecto.
“Hoy hacemos público un trabajo mancomunado entre los tres poderes del Estado que venimos realizando hace varios meses y que es un anteproyecto de ley con un plan integral de ciberseguridad para la provincia de San Luis, porque el contexto lo amerita y el Estado debe ponerse a la cabeza del debate que la sociedad se tiene que dar”, explicó la diputada Spinuzza luego de la reunión que se realizó en Terrazas del Portezuelo.
Adelantó que en los próximos días se presentará en sociedad esta iniciativa para que se puedan lograr los consensos en relación a la ciberseguridad. “Este proyecto de ley es un punto de partida porque es un tema complejo y demanda un abordaje serio y responsable, informado por la evidencia y con mucha solidez técnica”, destacó.
La ministra Bañuelos adelantó que este proyecto requerirá la creación de áreas específicas dentro de su cartera, como también en los otros poderes del Estado. “Las personas que cometen delitos usando estas tecnologías tienen siempre muchos recursos económicos producto de sus robos y esto les permite estar delante de lo que puedan hacer los Estados”, según fundamentó.
La funcionaria indicó que estos delitos ocurren en todas partes del mundo y advirtió que seguirán creciendo, por lo que consideró que el Estado “debe prepararse para poder actuar preventivamente, lo cual implica áreas técnicas específicas, el acompañamiento del Poder Legislativo, con las leyes necesarias, y del Judicial, que tiene que tener la normativa y con ello trabajar todos colaborativamente para proteger a la sociedad de los delincuentes”.
La diputada Spinuzza reiteró que con esta iniciativa se busca “afirmar el compromiso institucional del Estado a través de una ley consensuada con el trabajo en comisiones que siente las bases para involucrar y generar también el compromiso del sector privado, del sector público no estatal y de la propia sociedad, y que permita instalar la cultura de la ciberseguridad y la prevención de ciberamenazas en la comunidad”.