El Gobierno oficializó la creación de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, tal y como data la decisión a través de la Resolución 19/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La unidad responderá a la Subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaria de Seguridad y Política Criminal y tendrá como objetivo detectar y prevenir las manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional.

A través de la recolección y sistematización de información de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales sobre los sucesos cometidos en el territorio nacional se detectarán “zonas calientes” para desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que faciliten el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales. 

Además, se analizarán “las causas judiciales en materia de delitos ambientales a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos”.

La ya mencionada mesa estará conducida por el titular de la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales, designado por la secretaria, y por representantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal; de la Dirección de Investigación de Delitos Federales; de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal; de las direcciones, departamentos y/o áreas especializadas en materia ambiental de las fuerzas federales y de “todo otro personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada”.

Cada Fuerza Policial y de Seguridad Federal designará dos representantes, uno como titular, que deberá tener un rango no inferior a oficial jefe, y otro como suplente.

Los integrantes deberán actuar “sin perjuicio de las tareas propias de sus respectivos cargos, y su designación no implicará el desempeño de funciones superiores ni importará erogación presupuestaria alguna”. “La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna al Estado”, aclara la designación.

A su parte, desde la cartera a cargo de Aníbal Fernández argumentaron: “Los delitos ambientales afectan la preservación, conservación y recuperación de los recursos ambientales y de la diversidad biológica generando un daño que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos provocando un perjuicio en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.

En la misma línea, plantearon: “Es necesario contar con un espacio común de abordaje a la temática delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales”.

“Es necesario, en razón de las problemáticas en cuestión, contar con un espacio común de abordaje a la temática delictiva, con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos ambientales”, concluyeron.